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La firma de los Acuerdos de Paz en 1992 abrió las puertas pare crear las condiciones propicias para un mejor desarrollo de los procesos políticos. La incorporación de la ex-

guerrilla como partido políticos, así como la aparición de nuevas instituciones con ideas diversas plantean un panorama inédito en la historia de El Salvador.

Sin embargo, y pesar que en la actualidad cualquier persona puede profesar su afiliación política, o su forma de ver al Sistema, sin temor a las represalias típicas de las décadas anteriores, todavía no hay las condiciones necesarias para una verdadera participación ciudadana.

Los partidos políticos, tal y como lo establece el Artículo 85 de la Constitución de la República, tienen el monopolio para que las persona puedan accesar a cargos públicos. Abrir ese esquema es entonces el reto para la clase política, ya que son ellos mismos los que deberán, si es que lo consideran, hacer los cambios constitucionales necesarios para cambiar dicha situación.

A esto se deben sumar los resultados que proporcionan la mayoría de sondeos de opinión sobre la confianza y credibilidad que la población tiene hacia los políticos, en todos los casos les respuestas no son nada favorables.

Parte de estas respuestas es el alto nivel de ausentismo que se presenta en los eventos electorales, y el del pasado domingo siete de marzo no fue la excepción. A pesar de los datos presentados por el Tribunal Supremo Electoral, el cúmulo de votos aumento con respecto a la elección de diputados y alcaldes de 1997, el gran ganador continúa siendo el grupo de salvadoreños aptos para votar que no se presentan a las urnas.

Esto es lo menos que puedo pasar, pues los electores, se desilusionan al ver que cada vez existe menos correspondencia entre sus problemas cotidianos y el accionar de los partidos políticos, sobre todo porque sus intereses no se sienten tomados en cuenta en las plataformas que desarrollan los candidatos electos una vez asumen algún cargo público.

Aquí surge el reto: Aceptar otras formas de participación de la ciudadanía. Pero el reto no es solamente para los políticos, sino para todas las personas desde el papel que juegan en la sociedad.

No solamente se trata de “abrir el monopolio”, sino también de estimular nuevas formas de organización, no solo política, sino de cualquier tipo, siempre y cuando estas busquen el desarrollo de la misma comunidad.

El poder de la democracia reside en que todos pueden participar en las decisiones y por lo tanto todas las opiniones son respetadas, pero para que estas se escuchen debe haber un nivel aceptable de organización de las comunidades.

Por ejemplo en la Universidad de El Salvador. Si se pretende que las ideas y propuestas de la comunidad estudiantil sean escuchadas y tomadas en cuenta, estas deben ser formuladas a partir de la organización de este sector, o de lo contrario no tienen la fuerza que podrían tener, y se convierten en simples palabras que suenan como la lluvia.

Asi mismo, las asociaciones de profesionales son instituciones desde, las cuales se puede dar respuesta a las inquietudes de la sociedad, y por lo tanto deberían ser fuertes y representativas del sector al que aglutinan, sin embargo en la mayoría de los casos esta no son una prioridad para los profesionales.

En fin desde cualquier ámbito de la sociedad puede promoverse la organización de las personas, y contrarrestar la actitud individualista que impone el Sistema Capitalista Neoliberal.

El futuro de la participación ciudadana dependerá entonces de la responsabilidad con la que se asuma este compromiso, tanto de la clase política como del resto de la sociedad.

Los mismos partidos deben buscar un replanteamiento de su función, ya que con el actual accionar de “maquinarías electoreras” difícilmente podrán detener el creciente nivel de apatía que existe.

Finalmente, la sociedad en general debe cambiar de actitud y buscar la organización, ya que solo así se podrá hacer valer su voz, para que sus intereses puedan tener incidencia directa o indirecta, en el desempeño de la gestión pública.

Se debe retomar el principio del Estado, es decir, que los salvadoreños nos demos cuenta que el Estado somos todos y que por lo tanto nuestra participación es determinante, de lo contrario otras personas estarán decidiendo por nosotros.

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