El próximo 31 de diciembre, al mediodía, el Canal de Estados Unidos construído en Panamá pasará a ser de los panameños. Irónicamente tuvo que transcurrir un siglo para que esto sucediera.

Desde 1977, cuando fue firmado el Tratado “Torrijos-Carter” se inició el largo camino de transferencia de los patrimonios de la vía interoceánica, hacia los dueños del territorio donde se ha construido una de las máximas obras de ingeniería de este siglo, el Canal de Panamá.

El último día de 1999 terminará el Tratado, específicamente cuando Panamá asuma por completo la responsabilidad del funcionamiento del Canal.

Antes de 1977 la zona del Canal era un enclave (lugar que dominaban los gringos), donde ni siquiera los mismos panameños tenían derecho a entrar. La zona del Canal más que un enclave era un irrespeto a la autonomía panameña, un atropello a la dignidad de los ciudadanos.

Es así como el 9 de enero de 1964, un grupo de estudiantes toman la bandera del país y la alzan en la cima del Cerro Ancón, frente al edificio de la administración del Canal, lugar donde los extranjeros ejercían sus dominios. Por este acto inaudito, fueron reprimidos salvajemente muchos jóvenes, hasta el punto de costarles la vida.

Tal incidente indignó a todo el pueblo panameño, que exigió recobrar todo el territorio de la zona del Canal. Fue un sentimiento nacionalista que afloró en la sociedad; hasta convertirse tal gesta histórica en un movimiento de consenso político, que incidió en una serie previa de acuerdos, que concluyeron en la firma del Tratado concerniente a la neutralidad permanente y al funcionamiento del Canal de Panamá, el 7 de septiembre de 1977.

Tratado de Neutralidad

La transferencia del Canal, de Estados Unidos a Panamá, está bajo el marco del Tratado de Neutralidad, el cual consiste en que ambos países durante el período de transferencia tienen el derecho permanente a defender la neutralidad de la vía acuática, es decir, que se garantiza que en el Canal podrán cruzar barcos de todas las naciones, sin distinguir rasgos políticos o religiosos; en tiempos de paz o de guerra.

Este período prácticamente ha llegado al ocaso, los panameños serán autónomos en la administración del Canal a partir del 2000, y deberán garantizar la defensa del mismo a través de su ejército, a su vez tienen que ser neutrales en cualquier conflicto y no podrán negarle el servicio interoceánico a ninguna nación del mundo.

Todo esto se oye bonito, pero “el gato se disfraza de liebre”. Cuando se analiza detenidamente la famosa Reserva Nunn y los impactos políticos de algunos acontecimientos de la historia panameña, entre ellos la intervención de Estados Unidos a Panamá, a fines de 1989 para deponer a Noriega, porque el General graduado de las Escuelas de las Américas, se había salido de sus planes estratégicos y amenazaba con dar rienda suelta al nacionalismo panameño y atacar las bases militares estadounidenses, en su recordado discurso del machete.

Esto evidenció las intenciones de la madrastra del norte de no pretender soltar el Canal de Panamá así de fácil, no por gusto movilizaron en esa invasión más de 25 mil efectivos.

Reserva Nunn

Para que un Tratado llegue a ser válido debe ser ratificado no solamente por los presidentes firmantes de cada país, sino, por los parlamentos respectivos. En la Asamblea Legislativa panameña no hubo mayor problema; sin embargo, en Estados Unidos las cosas no funcionaron de esa manera, el Tratado de Transferencia y Neutralidad se ratificó pero se introdujo una reserva impulsada por el senador Nunn.

Una reserva en materia de Derecho Internacional se refiere cuando un Estado no quiere cumplir ciertas provisiones de un tratado. La reserva Nunn es específica y clara, ya que Estados Unidos no está en la buena disposición de retirarse de Panamá solo por las firmas de Torrijos-Carter.

Esta reserva estipula que, tanto Panamá como Estados Unidos se reservan, valga la redundancia, los derechos de poder negociar posteriormente del 2000 nuevos tratados que garanticen la permanencia de tropas estadounidenses en territorio panameño con el fin de brindar una mayor protección al canal.

Panamá a fin de siglo

Dentro de la sociedad panameña existen serios temores, hasta cierto punto paradigmáticos, que les impiden un debate social pleno de cara a los intereses de los movimientos populares que en las décadas 60 y 70 gestaron los tratados del Canal. Estos temores se reflejan en la opinión pública en el aborde de temas conexos como las guerrillas colombianas en las fronteras del Darién que amenazan con incursiones al territorio panameño.

Otro tema es la implicación de militares en el asesinato y tortura del Padre Gallegos (mártir nacional desaparecido en 1971), con un trasfondo de poner en el banquillo de los acusados a la casta militar panameña, que se encuentra débil y carente de solvencia moral, como para que se les confíe a ellos únicamente la defensa del Canal.

El repudio generalizado a las viejas prácticas norteamericanas en sus épocas de enclave, la exigencia de una limpieza total de las zonas minadas en las ex bases militares, las secuelas de sustancias químicas usadas para los experimentos que se hacían durante la guerra fría, son temas controversiales aún.

Pero el tema que mayormente se sensacionaliza es la incertidumbre con la salida de los Estados Unidos en la administración del Canal y el papel que jugará el dólar a partir del nuevo siglo en la economía panameña, ya que como todos saben es una banca dolarizada.

Las relaciones futuras entre Estados Unidos y Panamá según expertos del Derecho Internacional estarán enmarcadas en dos vías, por una parte la exigencia panameña por la descontaminación de las bases militares, y por otro lado, las negociaciones para la presencia militar estadounidense después del 2000. Este último tema se hace sentir como una fuerte presión hacia el Estado panameño, una sombra implacable que debe llevar consigo el Gobierno de la Presidenta Mireya Moscoso.

Hasta ahora, las temáticas se han desbordado en que la transferencia de la administración del Canal es un tema netamente económico-político y la presencia militar estadounidense es un tema de seguridad, no sólo por la vulnerabilidad del Canal de esclusas, sino también por la integridad del territorio nacional. Teniendo en cuenta, el estigma del rol de neutralidad que debe jugar Panamá en la política internacional.

Según los analistas, el poco debate de fondo en la sociedad y la separación entre los temas económico-administrativo y seguridad del Canal, le permite a los sectores dominantes reorganizar la visión del sentimiento nacional; si antes los beneficios económicos por los tratados de transferencia pasaban por ampliar el consenso político de las clases sociales, hoy, la estabilidad económica tiene relación directa con el control de las actividades de las clases sociales, al margen del consenso político.

Esta transición entre el consenso político y el consenso legal, fue posible mediante un complejo proceso donde el dólar se queda en Panamá, la transferencia del Canal se da plenamente en sus términos concretos, las áreas revertidas son expropiadas por el capital transnacional y las bases populares negocian.

La división del problema ha permitido ocultar en realidad, lo que está en juego. Antes el consenso político se alcanzó a partir de las exigencias de las bases populares; ahora estas bases populares están a punto de asistir a la venta del patrimonio del Canal, en medio de una gran fiesta cívica que opaca la ruptura de la relación progresividad-reformas-demandas nacionales, con relación al Canal de Panamá.

Ante todo esto, la comunidad estudiantil de la Universidad de Panamá prefiere guardarse las celebraciones, porque el futuro inmediato no es para estar soportando resacas después de las fiestecitas del 31 de diciembre de 1999. Es importante antes que nada, crear nuevos espacios organizativos diferentes a los impuestos por las capas medias y pequeña burguesía. En todo caso si hay que celebrar deberá ser, con todo derecho el 9 de enero, por el día en que los estudiantes alzaron la bandera panameña sobre los intereses transnacionales del gobierno gringo.

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