En nuestra tierra aún está fresca la sangre derramada en las calles de su capital el 30 de julio de 1975; muchas personas buscaban a sus familiares desaparecidos en ese lamentable episodio, cuando efectivos del régimen militar atacaron una pacífica manifestación de estudiantes universitarios...

Antes, en el país ya habían tenido lugar otras violaciones graves a los derechos humanos y empezaban a perfilarse las acciones que, posteriormente, serían prácticas sistemáticas y generalizadas utilizadas para sembrar el terror en el suelo salvadoreño y asombrar al mundo entero.

Chinamequita, La Cayetana y Tres Calles (caseríos de los departamentos de La Paz, San Vicente y Usulután, respectivamente) son nombres que siempre resuenan entre aquellas y aquellos que tercamente intentamos mantener viva la memoria histórica de nuestro pueblo. Ya para entonces, también estaban detenidas-desaparecidas al menos siete personas cuyo paradero, junto al de otras ocho mil o quizás más víctimas sigue siendo hasta la fecha una incógnita. Todo ello, en el marco de una situación de violencia estructural económica y social que golpeaba a diversos y amplios sectores en plena década de los 70. En fin, el aire que entonces respirabamos se estaba enrareciendo de manera acelerada, creciente y muy peligrosa.

Fue en medio de ese ambiente turbio que, en agosto del mismo año, Segundo Montes junto a un reducido grupo de abogados y estudiantes de Ciencias Jurídicas de la Universidad de El Salvador, decidieron enfrentar el problema. Así se abrió uno de los primeros espacios en la hoy llamada “sociedad civil” desde el cual se trabajaría (ferviente y profesionalmente, durante casi veinte años) por la defensa de los derechos y las libertades fundamentales de las personas más pobres del país. Ello, a través de la asesoría y la gestión legal cuando era posible, combinadas o no con la denuncia pública nacional e internacional de los casos y las situaciones que atentaban contra la dignidad humana. En agosto de 1975, nació pues esa institución pionera en la materia dentro de la región centroamericana: el Socorro Jurídico Cristiano (SJC).

Exactamente una década más tarde, con el impulso que monseñor Óscar Arnulfo Romero le dio a esa lucha y tras el surgimiento de otros organismos comprometidos con la causa, el mismo padre Montes fundó el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (IDHUCA), desde el cual (con sus características propias) se ha tratado de contribuir al desarrollo de esa difícil y arriesgada, pero siempre necesaria e importante labor.

La razón de ser de nuestro trabajo

Al meditar sobre los casi veinticinco años transcurridos entre 1975 y el 2000, caracterizados en su mayoría por la violencia sin límites padecida a lo largo y ancho del territorio nacional, acude a la memoria tanta y tan buena gente que (como Romero y Montes) entregó su vida en la trinchera de la defensa necia e incansable de la dignidad humana, desde donde lucharon para impedir que la muerte y su encubrimiento destruyeran a este pueblo.

Marianella García Villas y Herbert Anaya Sanabria de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES), son dos de las personas asesinadas que hoy están más vivas en las aspiraciones contenidas dentro de los Acuerdos de Paz y la nueva institucionalidad del país... Patricia Cuéllar y Pedro Posada del SJC son dos de las personas físicamente desaparecidas que ahora, pese a todo, aparecen con mayor fuerza para advertirnos sobre la fragilidad de un proceso mediante el cual (no obstante los innumerables obstáculos) se intenta democratizar una sociedad que hoy es, quizás, más excluyente que antes y todavía muy violenta.

Por todos esos seres conocidos o anónimos que asumieron tercamente el compromiso de edificar un país diferente, todavía seguimos trabajando en defensa de la vida, la justicia y los derechos humanos. En defensa de la vida: porque todavía está pendiente establecer el paradero de las miles y miles de personas que desaparecieron de manera forzada e involuntaria en nuestro país. Y es que, como dijo Cortázar en el Coloquio de París, en 1981: “Hay que seguir considerando como vivos a los que acaso no lo están, pero que tenemos la obligación de reclamar, uno por uno, hasta que la respuesta muestre finalmente la verdad que hoy se pretende escamotear”.

En defensa de la justicia: porque hay que demandar la reparación moral y material de las numerosas víctimas durante esos dolorosos años. Pero también porque es mucho lo que falta en la actualidad para que la población mayoritaria de nuestro país tenga, por primera vez, la alternativa de usar el Derecho para superar la impunidad mediante la aplicación correcta de la ley.

Y, finalmente, en defensa de los derechos humanos: porque siguen siendo irrespetados en nuestro territorio, además de lo anterior, son miles y miles las personas que (al igual que en la “guerra fría”) mueren en forma lenta y violenta dentro de esta “paz caliente”. Mueren en medio de la inseguridad personal fruto de una brutalidad que se mantiene en El Salvador de hoy, con o sin motivación política; en medio del “exitoso proceso de paz”, la Fiscalía General de la República informa que entre 1994 y 1996 el promedio anual de homicidios dolosos supera los 8 mil 300: ¡más de 22 crímenes diarios!, en su mayoría con arma de fuego y sobre todo de guerra. Mueren, también, por la negación cotidiana y estructural de las condiciones básicas para que mucha gente pueda existir con dignidad.

Además, nuestra lucha es parte del esfuerzo de aquellas y aquellos que hoy quieren llamar la atención sobre el rumbo de esta Nación, pues dentro y fuera de ella hay personas que dicen haber instaurado la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos y la reconciliación. Es, pues, una lucha por el conocimiento real de lo que está sucediendo.

Una lucha por la verdad

El compromiso con esta causa, entonces, nos obliga a seguir del lado de las víctimas de la injusticia legal, el temor y la desesperación; del lado de las personas que, sumidas en la desconfianza, permanecen bajo los efectos de una impunidad que propicia la realización de acciones brutales por diversos motivos: políticos, de “limpieza social”, por venganzas personales derivadas de hechos pasados y presentes, así como por la delincuencia común y las acciones del crimen organizado.

Ese compromiso también nos obliga a estar con la población mayoritaria, que es víctima histórica de la injusticia social; esa que antes vio cómo se iba agravando su situación con la guerra y ahora la ve deteriorarse todavía más con los efectos de las medidas económicas gubernamentales que están incrementando su pobreza y (lo más peligroso) propiciando que se activen los detonantes que conspiran contra el futuro nacional.

La realidad actual

Ahora vivimos atemorizados, básica y directamente por los hechos derivados de la delincuencia “común” o de la “especial” que tienen lugar en todo el territorio nacional. Dentro de la última modalidad, se deben incluir las acciones del “crimen organizado” por aquellos que trafican algo y las operaciones de los “escuadrones de la muerte” que se alquilan o trabajan por iniciativa propia.

También debe considerarse como parte de esa delincuencia “especial”, la actividad de los grupos armados formados por miembros de los bandos que existieron durante el conflicto bélico. Manteniendo su pertenencia anterior o mezclados, las y los integrantes de estos grupos operan con o sin objetivos “políticos”, libres de obstáculos realmente serios para ello y contando con una experiencia que acumularon a lo largo de la guerra.

Y “por qué no decirlo claramente” el clima de inseguridad que abruma a la población mayoritaria en nuestro país también se debe, en buena medida, a la forma cómo se está manejando la información y el “entretenimiento” a través de los medios masivos de difusión. Por los mensajes negativos que de esa forma se transmiten a la sociedad salvadoreña, sobre todo a la infancia.

Contando ahora con un andamiaje institucional distinto al que existía antes del fin de la guerra, debemos insistir: ¿qué pasa? ¿por qué seguimos padeciendo por algunos males graves del pasado?. Esas interrogantes nos surgen, sobre todo, al estar plenamente convencidos de que esa institucionalidad con la que ahora cuenta El Salvador para garantizar el respeto a los derechos humanos es “por mucho, conceptual y normativamente” mejor que lo de antes.

Desde nuestra óptica, es una la principal respuesta a nuestras inquietudes: hasta la fecha, en su mayoría esas instituciones han funcionado sin contar con la participación activa de una población que debería conocer sus enormes potencialidades y que, a estas alturas, tendría que empezar a verlas con confianza y entusiasmo para utilizarlas en la solución de sus conflictos, tanto en el ámbito privado como en el público.

Sin embargo, fruto de su ineficacia y por el mal uso que algunos sectores han hecho de las mismas, la gente “común y corriente” (esa que vive angustiada y temerosa) no está pendiente de su funcionamiento; mucho menos le interesa controlarlas para evitar que se desvíen de lo que la legalidad les determina.

En un ambiente como el que existe actualmente en El Salvador, donde lo que resalta es una situación de inseguridad y temor generalizados, ¿qué percibe la población al observar a las tres instituciones más relacionadas con la garantía de sus derechos humanos?. Que las autoridades de seguridad pública responsabilizan de la violencia delincuencial a la Corte Suprema de Justicia y que lo mismo hacen los funcionarios judiciales con los encargados de la seguridad pública. También advierte que, cuando esas instituciones se sienten abrumadas por las críticas, mejor dirigen la mirada hacia la señora procuradora y sobre ella descargan todas las culpas.

Lo peligroso de eso que se está produciendo en las “alturas”, es que comience a reproducirse en la base y nos enfrentemos a la posibilidad cierta de que esas tres instituciones (que deberían hacer esfuerzos complementarios para garantizar el respeto a la seguridad personal y el acceso a la justicia) también se peleen “allá abajo”, acusándose y rechazándose mutuamente. Así, enfrentamos la posibilidad real de que las y los funcionarios que están en contacto directo con la gente no colaboren entre sí para servir a la comunidad.

¿Qué impacto tiene eso entre la gente? Negativo, sin duda. La población no cree que lo nuevo sea realmente eso ni que los cambios hayan servido para algo. De esa forma, la gente no participa activamente y ,cada vez más, deja que esos “asuntos” queden en manos de los políticos, de las autoridades, del gobierno...

Con ello, nos encontramos ante un gran riesgo: que no exista un control efectivo, real, sobre el funcionamiento de esas instituciones tan importantes y que éstas terminen siendo utilizadas para el logro de otros fines distintos al que les corresponde: el beneficio real de las personas.

En conclusión, con los Acuerdos de Paz se comenzaron a respetar ciertas libertades públicas y, con ello, se abrió una pequeña brecha para discutir y dar solución a ciertos problemas del país; se diseñó, además, un sistema para operativizar una serie de medidas tendientes a evitar las violaciones masivas al “núcleo duro” de los derechos humanos, principalmente aquellas que tenían motivación política.

Ese sistema se ha mantenido, en buena medida, bajo el control y la supervisión de técnicos extranjeros los cuales (al terminar su mandato y retirarse paulatinamente del país) han ido trasladando su misión a “manos nacionales” para que sean éstas las que le den continuidad. Pero, por las razones que sean, consciente o inconscientemente, tanto la nueva como la renovada institucionalidad salvadoreña no siempre ha trabajado bien; es más, en algunos casos, lo que se han generado son condiciones para el estancamiento o retroceso de los avances logrados.

¿Cuál es, entonces, la salida? ¿dejar que el país regrese a las penumbras de la inseguridad, el temor y la impunidad para que, después, se instale nuevamente la oscuridad? No es definitivamente esa la salida. ¿Mantener eternamente la asistencia técnica de la comunidad internacional? Tampoco es factible. ¿Que cada habitante del país busque la forma de resolver sus problemas por mano propia? Es demasiado peligroso, pues podría generarse otra espiral de violencia que nadie (o casi nadie) desea volver a vivir.

Es en ese marco donde a las y los que trabajamos por la causa de los derechos humanos nos corresponde plantearnos interrogantes serias y, quizás, incómodas para algunos: ¿cuáles deben ser, ahora, las prioridades de nuestra labor? ¿qué queremos lograr? ¿qué futuro vamos a construir? ¿qué nuevos retos vamos asumir?

Los retos más importantes

La situación que actualmente se vive en El Salvador es la muestra de un proceso que no ha cuajado completamente. Ante eso, desde nuestra perspectiva institucional, nos atrevemos a sostener que para lograr resultados más productivos le ha faltado un elemento: la participación de la población en la construcción de un Estado democrático de Derecho, necesario para vivir en una sociedad justa y segura en la que se respeten los derechos humanos. Por tanto, hacia esa dirección apuntan los esfuerzos que queremos realizar en esta etapa de nuestra historia nacional.

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